* Construcciones sobre relleno de barrancas, en riesgo permanente ante las lluvias y temblores. * Decenas de familias viven de la pepena; los niños conviven con las ratas. * Sólo dos años de vida útil quedan al tiradero.
Abril Valdez
La tierra en el campo de fútbol de la colonia San Miguel está agrietada; por los orificios escapa el gas metano –que tiene la misma composición química que el gas que L.P. contenido en tanques– producido por la descomposición de los desperdicios: una nube nauseabunda apenas perceptible que, en bajas concentraciones, afecta el cerebro, el corazón, el rendimiento sicomotriz, disminuye la vista, causa fatiga, dolor de cabeza y sueño.
Construyeron la cancha en el periodo de Ramona González García (2002-2004) sobre la basura, un aproximado de 162 mil toneladas de desechos que han cubierto los 15 metros de profundidad de la barranca “El Tecolote”, confinados desde la administración de Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, en 1997, con la firma de una minuta.
No hay niños jugando; parece una imagen del Apocalipsis, un desierto donde no es posible la vida. Montones de basura por doquier y un perro con sarna junto a una mujer pepenadora que se niega a dar su nombre pero afirma que fueron los mismos vecinos de la colonia –85 familias, la mayoría dedicados a la pepena– quienes pidieron rellenaran la barranca y establecieran en el lugar el tiradero a cielo abierto que consta de 3 etapas. La administración de Martha García Manzanares prometió hace un año cerrar la última, al igual que los basureros en las colonias San Rafael y La Soledad. De estos últimos, en enero de 2009 entregó al Instituto Estatal de Ecología los proyectos de postclausura –10 meses después de lo estipulado por el mismo instituto, que en marzo de 2008 dio al ayuntamiento un plazo de 45 días– y cuyos cierres costarán 2 millones de pesos.
De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003, el programa del cierre del basurero debe contemplar la delimitación del sitio, drenaje perimetral para el desvío de los escurrimientos pluviales, reparación de grietas, programa de forestación y la extracción de biogás.
La directora de Desarrollo Sustentable del ayuntamiento, Rossana Morales Juárez señala que para clausurar el basurero de San Miguel primero deben cerrarlo y hacer varios estudios de impacto ambiental. También hay resistencia de una parte de la colonia que se ha beneficiado con la apropiación de terrenos en zonas de relleno.
Asentamientos en zona de riesgo
Y es que el gas metano, no es lo único peligroso ahí: según cifras el ayuntamiento, hay 6 familias que viven en casas construidas sobre los límites de la barranca, e incluso han definido partes del basurero como privadas, cometiendo un delito que puede alcanzar una multa de hasta 90 salarios mínimos, pues se trata de propiedad federal, además que no tienen permiso para construcción. Sin embargo, los vecinos hablan de que son más de 30 las familias en estas condiciones.
No les preocupa que el agua en tiempo de lluvias ó un temblor pueda remover las capas de basura y tierra, llevándose todo; quieren cuidar su patrimonio, sus lotes de 50 por 25 metros, que en algunos casos les costaron entre 30 mil y 70 mil pesos, cuando en zona permitida alcanzan los 250 mil pesos.
El director de Desarrollo Urbano en el ayuntamiento de Huajuapan, Adolfo Cruz Martínez, señala que en 1980 la colonia San Miguel se comenzó a lotificar. El dueño de los terrenos, Lorenzo Martínez, contrató al ingeniero Ignacio Vega Aguilar para hacerlo, pero sin orden, sin una planeación, mezclándose la barranca rellena con desechos, con los predios en terreno firme.
Ha habido intentos de delimitación desde 2005, pero las dos cuadrillas de topógrafos encargadas de estos trabajos han sufrido amenazas de parte de los dueños, que se niegan a mostrar sus escrituras por temor a que les quiten el espacio que han ganado sobre la barranca, en terreno falso. El trabajo ha sido lento, pero recientemente la dirección de Desarrollo Urbano firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua para que, a partir de una fotografía área, puedan iniciar con la delimitación y luego hacer un censo que arrojare el número real de construcciones que invaden la barranca y el de las familias que están en riesgo.
Un recorrido por la zona, y el intento de entrevistar a los propietarios de algunas casas dejan al descubierto una agresividad estudiada: “¿Qué quiere aquí? Ya les dijimos que los terrenos son nuestros, mejor que nos den servicios y dejen de molestar”. Aunque también muchos de los propietarios viven en México.
La colonia Reforma, vecina de San Miguel, ambas divididas por la barranca, corre la misma suerte: tan sólo en 2008 fueron clausuradas dos construcciones en las calles Río Nasas y Río Bravo, también por estar en zona federal.
Convivir con las ratas
El señor Angélico Cruz Márquez vive en San Miguel desde hace 14 años y por las noches no puede dormir; tiene temor de que una rata –gigante como las describe- entre y muerda a su pequeño hijo de un año cuatro meses; se queja del olor y también de las moscas.
Las casas de los vecinos están llenas de chatarra que también genera ratones; por eso él está de acuerdo en que se cierre el basurero y cuestiona “¿Qué ha hecho el ayuntamiento?, ¿Qué dirá de esta situación? ¡Ya estuvo suave con éste basurero, que lo clausure!”.
Dice que antes de que llegara el basurero, la barranca era guarida de pandillas juveniles; pero la situación no ha cambiado. Reconoce que no es feliz, teme a las enfermedades; le da pena la convivencia con su familia lejana, pues no puede invitarla a su hogar.
Mientras, las hermanas Pérez Jiménez, Ana Lidia de 19 años, María de 13 y Ceci de 5, que viven en el lado de la colonia Reforma, cruzando la barranca, tristes, también dicen que las ha afectado; incluso la salud de su mamá se ha visto deteriorada por los efectos del gas.
Esto es tan sólo la punta del iceberg, las autoridades municipales señalan que el cierre del basurero de San Miguel podría costar incluso enfrentamientos sociales, mientras que afirman que su inminente clausura se realizará antes de que termine el trienio de Martha García Manzanares.
Su vida útil se estima en dos años, pero sólo si se aplica en la zona un proyecto de separación de basura y se recorre el deposito de desechos a la altura de la cancha de fútbol, pues actualmente la basura está a punto de llegar a la barranca de El Guayabo, y 800 metros más adelante a la de las Campanas, donde hay escurrimientos importantes de agua y podría convertirse en un potencial foco de infección.
Otra razón que complica el cierre es que el ayuntamiento aún no encuentra una zona para el relleno sanitario, donde se depositarían los desechos y en el que invertirían más de 8 millones de pesos: ninguna de las siete agencias visitadas ha querido acoger el proyecto, que según la dirección de Desarrollo Sustentable, mejorará la ecología y generará fuentes de empleo. Pero en el fondo, también la desaparición de la pepena tiene sus bemoles.
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