Francisco Círigo
El secretario municipal no sintió lo duro sino lo tupido. Cuando todo apuntaba a que la de este jueves sería una sesión de mero trámite, los concejales de oposición, e incluso algunos priístas, enfocaron sus baterías hacia el fedatario.
Apenas iniciaba la sesión cuando el panista Wenceslao Rodríguez Salazar abrió fuego para reclamarle que en el acta que estaba a punto de aprobarse con dispensa de lectura no se hubiese incluido el dictamen aprobado en la sesión anterior; y le recordó que es su obligación anexar a las actas todos los documentos relativos a los acuerdos del Cabildo.
El priísta Juan Gabriel Varo Leyva ofreció al secretario una salida decorosa al proponer que se aprobara el acta agregándole el dictamen de referencia y mencionando que el regidor panista había solicitado su inclusión. Su compañero de bancada, Yuri López Ortega, sugirió a su vez que se adopte como práctica común añadir al cuerpo de las actas los dictámenes correspondientes.
Pero el regidor independiente Alfredo Loranca Abad insistió en que la función del secretario municipal es dar fe, dejar una memoria histórica de los actos del Cabildo, lo que no se está haciendo; y ejemplificó mencionando que al buscar antecedentes de algunos asuntos que requieren la consulta de las actas sólo se encuentra la referencia de que se aprobó un dictamen, pero no se conoce su contenido.
El síndico priísta Romano Cruz Manzano también quiso opinar, pero el secretario municipal decidió cortar por lo sano: “Les pido que nos limitemos al punto del orden del día, que es la aprobación del acta, y si tienen algún comentario, lo hagan en Asuntos Generales”. Y ante el desconcierto de los concejales, pasó al siguiente punto, sin que quedara claro si el acta había quedado aprobada o no.
Luego, se dio lectura a un dictamen de la Comisión de Mercados y Desarrollo Económico, en el que se proponía la creación de un módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Nuevamente el panista Wenceslao Rodríguez inició una discusión que quedó zanjada al agregarse a la propuesta la aprobación para que la presidenta municipal suscriba el convenio correspondiente.
Pero momentos después, la discusión se reanudó al presentarse el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos en el que se proponía la aprobación del Catálogo de Giros, el Formato Unico, el Manual de Operación y el Reglamento para la Apertura de Giros de Bajo Riesgo. El regidor independiente Alfredo Loranca cuestionó algunas inconsistencias del reglamento y propuso que éste se analizara nuevamente y se volviera a discutir en lo particular. El panista Diego Vázquez manifestó su desacuerdo con algunos puntos del catálogo de giros, en tanto que el priísta Romano Cruz cuestionó que algunos regidores no asistan a las sesiones de trabajo y planteen sus observaciones en las sesiones de Cabildo. Aunque de momento nadie pareció darse por aludido, la presidenta municipal retomó el punto al pedir a los concejales que asistan a las reuniones que se convocan para analizar este tipo de asuntos; pero momentos después fue más directa: señaló que los regidores que manifiestan su inconformidad en las sesiones de Cabildo son los que no asisten a las reuniones de trabajo.
La respuesta vino de inmediato: el regidor Loranca pidió la palabra para responder a las alusiones, y aseguró que ha asistido a varias de las reuniones de trabajo y en ellas ha realizado sus observaciones. La presidenta insistió: “¿Ha estado en todas las reuniones?”. Pero ahora fue el panista Wenceslao Rodríguez quien, visiblemente molesto, dijo que “no se vale generalizar, sobre todo cuando se está buscando un punto de acuerdo” y remató: “Los acuerdos se construyen con el diálogo, no con descalificaciones”.
La intervención del perredista Neftalí González distendió los ánimos y se procedió a la votación, pero ahora el secretario municipal se hizo bolas y recibió el reclamo de los concejales por no tomar en cuenta sus propuestas. Y ya perdido el control, sometió a votación el dictamen y de inmediato informó que había sido aprobado, pero sin preguntar si había votos en contra o abstenciones.
Vendría luego un nuevo dictamen, ahora para rechazar la solicitud de apertura de un bar y un centro nocturno en la agencia Santa Teresa, aunque el secretario sólo leyó los resolutivos, omitiendo los antecedentes y las consideraciones.
Pero la pesadilla para el fedatario aún no terminaba: al pasar a Asuntos Generales, el síndico Romano Cruz Manzano le reclamó que le hubiese negado el uso de la palabra para referirse al tema que se estaba tratando, que era la aprobación del acta de la sesión anterior; pero también le reconvino porque al someter a votación el dictamen de la Comisión de Salud no pidió los votos en contra ni los votos nulos, y en consecuencia no dio a conocer el resultado de la votación.
El panista Wenceslao Rodríguez insistió en que su obligación es dar fe de todo cuanto sucede en las sesiones de Cabildo y por lo tanto debe insertar los documentos que emanen de ellas.
Y el priísta Yuri López reiteró su propuesta de que se acuerde que todos los dictámenes se inserten en el cuerpo del acta correspondiente… pero ésta tampoco fue sometida a votación.
Todavía el perredista Juan Manuel Silva Hernández tocó el asunto de la propaganda electoral que se encuentra en el parque Independencia, a pesar de que –dijo– en ocasiones anteriores se ha prohibido su colocación en ese espacio. Y en pleno alegato, el secretario municipal anunció que el asunto se turnaría a la Dirección Jurídica para su análisis, pero agregó que, efectivamente, existe un acuerdo de Cabildo que prohíbe la colocación de propaganda electoral en ese lugar. “¿Entonces para qué se turna al jurídico, si existe un acuerdo de Cabildo’?”, preguntó el panista Diego Vásquez.
La voz salvadora para el fedatario fue la de la presidenta municipal, Martha García Manzanares, quien al filo de la una de la tarde declaró clausurada la sesión, una sesión más prolongada de lo acostumbrado.
